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El riesgo de corrupción o de malas prácticas relacionadas con los grupos de presión se encuentra en todas las fases del proceso de elaboración de políticas, desde la formulación de las mismas (1), la toma de decisiones y su aplicación. Algunos ejemplos de prácticas y actividades que pueden implicar el riesgo de corrupción o de prácticas poco éticas son:
3. Captura normativa y técnica (por ejemplo, mediante el control de grupos de expertos, la financiación de investigaciones sesgadas o la financiación de congresos y reuniones profesionales a cambio de un apoyo difuso a los intereses de los financiadores);
8. Redacción fraudulenta de los términos de referencia en un contrato público para asegurarse de obtener una contraprestación privilegiada, etc. En todos estos casos, el regulador, o el responsable de la aplicación de la política, abusa de su poder para favorecer intereses privados concretos, perjudicando el interés general o al menos despreciándolo. Definición de la actividad de lobby y justificación de su regulación La definición general de lobby que utilizamos es «toda comunicación directa o indirecta con agentes públicos, responsables públicos o representantes políticos con el fin de influir en la toma de decisiones públicas, realizada por un grupo organizado o en su nombre». (2)Los riesgos de corrupción o las malas prácticas relacionadas con el lobby se dan en todas las etapas del proceso de elaboración de políticas públicas
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En un informe de la BBC, un lexicógrafo del OED ha demostrado que «lobbying» tiene su origen en la reunión de diputados y pares en los pasillos («lobbies») de las Casas del Parlamento del Reino Unido antes y después de los debates parlamentarios, donde los miembros del público pueden reunirse con sus representantes[3].
Una historia sostiene que el término se originó en el Hotel Willard de Washington, DC, donde supuestamente fue utilizado por el presidente Ulysses S. Grant para describir a los defensores políticos que frecuentaban el vestíbulo del hotel para acceder a Grant -que a menudo estaba allí por las tardes para disfrutar de un cigarro y un brandy- y luego intentaban invitar al presidente a bebidas en un intento de influir en sus decisiones políticas. [4] Aunque el término puede haber adquirido mayor difusión en Washington, D.C. en virtud de esta práctica durante la administración de Grant, el OED cita numerosos usos documentados de la palabra mucho antes de la presidencia de Grant, incluyendo el uso en Pensilvania ya en 1808[4].
Otras cartas de Washington afirman que los miembros del Senado, cuando la cuestión del compromiso se iba a tratar en la Cámara, no sólo «presionaban sobre la Cámara de Representantes», sino que también se esforzaban por intimidar a ciertos representantes débiles con amenazas insultantes de disolver la Unión.
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El cabildeo en todas sus formas, incluida la promoción y otras formas de influir en las políticas públicas, es un acto legítimo de participación política. Proporciona a las partes interesadas acceso a la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Los grupos de presión, al igual que los defensores y todos aquellos que influyen en los gobiernos, representan intereses válidos y aportan a los responsables políticos ideas y datos muy necesarios sobre cuestiones políticas. Una amplia variedad de intereses y partes interesadas puede ayudar a los responsables políticos a conocer las opciones y compensaciones. Un proceso inclusivo de elaboración de políticas ofrece la oportunidad de estar mejor informados y, en última instancia, de elaborar mejores políticas.
Los Principios de Cabildeo proporcionan a los responsables de la toma de decisiones de los miembros y no miembros de la OCDE que se han adherido a la Recomendación (en adelante, «Adherentes»), instrucciones y orientación sobre cómo promover la igualdad de acceso a los debates políticos para todas las partes interesadas, cómo mejorar la transparencia y cómo fomentar una cultura de integridad (Cuadro 1.1).
En 2014, la OCDE publicó un primer informe sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre los Principios para la Transparencia y la Integridad en los Grupos de Presión [C(2014)7] (en adelante, «Informe de 2014»), también publicado como «Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3: Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in Lobbying» (OCDE, 2014[2]). El informe concluyó que la cuestión del lobby estaba recibiendo una mayor atención, y que algunos Adherentes estaban adoptando regulaciones o políticas relevantes. Sin embargo, si bien estos esfuerzos habían dado lugar a una mayor concienciación sobre los riesgos de las prácticas de los grupos de presión, y a una mayor apertura al respecto, a menudo esto había sido impulsado por la presión de los escándalos públicos y políticos, lo que dejaba lugar a lagunas y a mecanismos de transparencia débiles. En ocasiones, también ha dado lugar a una exageración, en la que los países han respondido yendo más allá de lo necesario para resolver los problemas. El informe también mostraba que el cumplimiento de las normas y políticas era desigual. Mientras tanto, abrir el acceso al proceso de toma de decisiones no sólo a intereses específicos, sino a las partes interesadas del sector privado y al público en general, seguía siendo un reto.
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Existe corrupción cuando una persona encargada de un cargo público, con funciones y atribuciones definidas, es, por medios monetarios o de otro tipo, inducida a traicionar sus deberes y actuar favoreciendo a quien le proporciona el beneficio y, por tanto, perjudicando al público y sus intereses
El riesgo de corrupción o de malas prácticas relacionadas con los grupos de presión se encuentra en todas las fases del proceso de elaboración de políticas, desde la formulación de las mismas (1), la toma de decisiones y su aplicación. Algunos ejemplos de prácticas y actividades que pueden implicar el riesgo de corrupción o de prácticas poco éticas son:
3. Captura normativa y técnica (por ejemplo, mediante el control de grupos de expertos, la financiación de investigaciones sesgadas o la financiación de congresos y reuniones profesionales a cambio de un apoyo difuso a los intereses de los financiadores);
En todos estos casos, el regulador, o el responsable de aplicar la política, abusa de su poder para favorecer intereses privados concretos, perjudicando el interés general o, al menos, despreciándolo.
La definición general de lobby que utilizamos es «toda comunicación directa o indirecta con agentes públicos, responsables públicos o representantes políticos con el fin de influir en la toma de decisiones públicas, realizada por un grupo organizado o en su nombre». (2)
