Pago efectivo 1000 euros entrada en vigor aeat

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El Consejo de Ministros aprobó el 2 de diciembre varias medidas destinadas a controlar el fraude en el IVA y la economía sumergida con las que pretende conseguir 1.500 millones de euros en el próximo año. Para ello se limitará el uso del dinero en efectivo, se incrementará el control sobre las declaraciones de IVA y los aplazamientos de las obligaciones fiscales.

Estas medidas irán ligadas a los ajustes al alza del impuesto de sociedades y de los impuestos especiales (tabaco, alcohol y bebidas azucaradas) dentro del presupuesto que se enviará a Bruselas, que incluye un recorte de unos 6.000 millones de euros.

Con esta medida, se endurece la Ley Antifraude de 2012 al reducir el límite de 2.500 euros a 1.000 euros en las operaciones en las que intervenga un profesional o empresario. Así, las compras o transacciones que superen esta cantidad serán obligatorias para dejar rastro de la operación con los medios de pago que lo permitan como tarjetas de crédito, tarjetas de débito o transacciones bancarias.

La limitación también afecta al pago con otros medios como las tarjetas regalo, y no afecta a las compras realizadas en nuestro país por extranjeros, que siguen teniendo 15.000 euros para realizar sus operaciones en efectivo.

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De esta forma, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal entrará en vigor una vez que sea ratificada por el Senado y al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según la disposición final cuarta del texto aprobado por el Congreso.

Como punto de partida, la nueva Ley Contra el Fraude Fiscal de 2021 incluye una modificación para permitir sin previo aviso las inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria,cuestionadas hasta ahora por los tribunales y especialmente por el Tribunal Supremo.

Se trata de una novedad importante para los abogados especializados en derecho mercantil y empresarial, ya que este cambio se produce tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que endurece los requisitos de las entradas domiciliarias para que las inspecciones sean válidas.

Uno de ellos es la rebaja del límite de pago permitido en metálico entre profesionales (empresarios o autónomos), que pasa de 2.500 euros a 1.000 euros, según el informe aprobado por el Parlamento.

Así, con los cambios aprobados introducidos en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en materia de prevención y lucha contra el fraude, quienes, según el texto, paguen «en efectivo las operaciones, en las que cualquiera de los intervinientes actúe como empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1000 euros», se enfrentarán a sanciones en función de «la cantidad pagada en efectivo».

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7 de abril de 2021 – La Agencia Tributaria ha iniciado hoy el proceso para que los ciudadanos confirmen, modifiquen y presenten por Internet su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF 2020), que se empezará a pagar apenas 48 horas después, a partir del próximo viernes. La Agencia Tributaria ha diseñado la campaña que se inicia ahora con una asistencia personalizada reforzada para dos colectivos que pueden requerir una ayuda especial en estos momentos:los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).Al mismo tiempo, y como forma de facilitar la liquidez, se establece una opción de pago fraccionado a seis meses sin intereses para los contribuyentes del ERTE cuya declaración de la renta sea exigible.

Se prevé que se presenten 21.570.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado, de las cuales 14.330.000 serán objeto de devolución, dos tercios del total (estimado en 10.857 millones de euros) y un 1% más que el año anterior.Los contribuyentes con declaraciones a pagar (unos 5.960.000, un 5,7% más, por un importe de 12.976 millones), no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.

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Promover y apoyar la concesión de nueva financiación a los trabajadores autónomos y a las empresas principalmente para que puedan acometer nuevas inversiones en España, con el fin de adaptar, ampliar o renovar su capacidad productiva y de servicios, o para reanudar su actividad o reabrir sus negocios (*).

El Gobierno y las entidades financieras se enfrentan a la posibilidad de que, una vez concedidas estas facilidades, las empresas no puedan, como consecuencia de los nuevos brotes, devolver los préstamos recibidos, por lo que están estudiando los mecanismos disponibles para ampliar el plazo de las facilidades ICO y ofrecer aplazamientos.