Pueblos indigenas de mexico

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Ana Canedo es estudiante de doctorado en la Escuela LBJ de Asuntos Públicos y alumna en prácticas del Centro de Investigación sobre Población (PRC) de la Universidad de Texas en Austin. Antes de asistir a la LBJ School, trabajó como coordinadora de investigación en la División de Capital Humano del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), un think tank independiente y sin ánimo de lucro dedicado a la investigación de políticas para el desarrollo económico y social de México. Ana es autora de numerosos artículos para periódicos y blogs mexicanos sobre análisis de políticas en las áreas de desarrollo de capital humano, educación y empleo. Ana Canedo tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Cornell, una licenciatura en Economía y una licenciatura en Ciencias Políticas por el ITAM, México.

Los pueblos indígenas de México se encuentran entre los más vulnerables y marginados del país. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México, el porcentaje de pueblos indígenas que viven en la pobreza en México es casi el doble que el de la población general: 70,3 por ciento frente a 38,6 por ciento, respectivamente. En este contexto, el presente estudio pretende explorar por qué la brecha entre la población indígena y la no indígena no se está cerrando, incluso después de tomar en cuenta las diferencias ocupacionales y la brecha rural-urbana. Este trabajo emplea técnicas de descomposición de Oaxaca-Blinder (OB) así como dos enfoques de descomposición cuantílica con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos de los Hogares (ENIGH) de 2016 para analizar las diferencias salariales a lo largo de toda la distribución salarial y las diferencias en la prevalencia del empleo informal entre indígenas y no indígenas en México. Entender las causas subyacentes de estas disparidades es crucial para el diseño de políticas sostenibles que puedan ayudar a reducir la brecha en las condiciones de vida de los pueblos indígenas y no indígenas. Los resultados confirman que las diferencias en los coeficientes explican una proporción significativa de la brecha en los ingresos de los indígenas, lo que indica que la desventaja indígena persistiría incluso si los resultados del capital humano y el acceso al empleo formal mejoraran para este subgrupo de población.

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Existen 68 pueblos indígenas diferentes que habitan el territorio mexicano, cada uno de los cuales habla una lengua nativa propia. Estas lenguas forman 11 familias lingüísticas, compuestas por 364 variantes dialectales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25,7 millones de personas, es decir, el 21,5% de la población, se autoidentifican como indígenas. 12 millones de habitantes (10,1% de la población) indican que viven en hogares indígenas. Además, el 6,5% de la población de México está registrada como hablante de una lengua indígena, lo que representa 7,4 millones de personas.1

Las comunidades indígenas siguen siendo las más vulnerables en cuanto a la desigualdad que padecen. De hecho, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69,5% de la población indígena, es decir, 8,4 millones de personas, se encuentra en situación de pobreza, y el 27,9%, es decir, 3,4 millones de personas, en situación de pobreza extrema.2 Además, el 43% de los hablantes de una lengua indígena no ha completado la escuela primaria, y el 55,2% trabaja en empleos manuales de baja cualificación.3 México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país reconoció que es una nación pluricultural al modificar el artículo 2 de su Constitución.

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En México, el 15% de la población se identifica como indígena. Sólo en el sureño estado de Oaxaca, el 56% de la población se considera indígena, dividida en unos 16 grupos étnicos y lingüísticos, además de una pequeña población afrodescendiente.

Durante su reciente visita a Oaxaca, la responsable de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, afirmó que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas «inspira y motiva el movimiento hacia un mundo en el que se respeten los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas».

Sin embargo, señaló que «una cosa es haber proclamado la Declaración y otra muy distinta es verla aplicada». Añadió que «aunque se han hecho algunos progresos en su aplicación, queda mucho por hacer».

«Las mujeres indígenas sufren dos tipos de discriminación, como indígenas y como mujeres», dijo Pillay. «Al igual que todavía hay un largo camino en las sociedades más amplias, no indígenas, para lograr la igualdad de género», subrayó, «los pueblos indígenas también tienen que dar a las mujeres un papel más destacado».

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Las investigaciones sitúan en 15 millones el número de personas que conforman los pueblos indígenas que se encuentran en amplias zonas del territorio mexicano y que tienen una identidad social y cultural y una lengua propias reconocidas. Estos pueblos se concentran principalmente en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero, en muchos de los cuales los indígenas constituyen más de dos tercios de la población.

La invasión española de América se caracteriza por la sumisión y por la opresión política, social y cultural, marcada por condiciones inhumanas de marginación, indigencia y pobreza extrema. Analfabetismo, altas tasas de mortalidad infantil y adulta, desnutrición, desempleo,

Sin embargo, se pueden identificar al menos dos de ellas como causas fundamentales. La primera y más básica se refiere a una visión de los indígenas que se remonta a la época colonial y que persiste hasta nuestros días: en México, como en el resto del continente americano, los indígenas son vistos como personas que no están en posesión de todas sus facultades y que no tienen todo su «ingenio», por lo que no son considerados «aptos» para tomar decisiones sobre su propio futuro. Ante esta supuesta deficiencia, el Estado se niega a permitirles que se autogobiernen según sus propios ritos y costumbres, que tomen sus propias decisiones políticas, que se ocupen de sus propios asuntos y que cuiden de sus recursos. En consecuencia, el Estado mexicano y la sociedad en general no reconocen a los indígenas como sujetos de derecho ni como ciudadanos, y se les niegan sus derechos colectivos.