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El empleo en la unión europea
Protocolo anexo al Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, el acuerdo sobre la política social contribuye a la modernización de la política social europea y a convertirla en parte integrante de la política de la Unión Europea. Se orienta, por una parte, a la adopción de disposiciones adecuadas para proteger a los trabajadores de los distintos países miembros de la UE contra las desventajas derivadas de la evolución del sector económico, pero, por otra parte, también trata de contrarrestar el elevado nivel de desempleo existente en la actualidad mediante el fomento de medidas concretas. Por ello, la política social europea hace hincapié en las iniciativas de política de empleo, incluidas las acciones destinadas a la integración profesional y social de las personas discapacitadas, como el programa de acción HELIOS II o la iniciativa comunitaria «Empleo HORIZON». Las nociones de la Comisión sobre el desarrollo de la política social europea en el próximo período 1995-1999 se han presentado en el Libro Blanco «La política social europea, un camino a seguir para la Unión». Las propuestas contenidas en este Libro Blanco se plasmarán en 1995 en un programa de trabajo de la Comisión Europea.
La mayoría de las políticas de la Unión Europea (UE) se refieren a cuestiones internas que afectan directamente a nuestra vida cotidiana. Se conocen como políticas comunes, ya que afectan a todos los Estados miembros de la UE, e Irlanda participa estrechamente en su desarrollo y aplicación.
El mercado único es quizá la política interna más importante de la UE. Permite que los irlandeses, los bienes y los servicios circulen libremente entre los otros 27 Estados miembros de la UE y ha dado a Irlanda acceso a un mercado de más de 500 millones de personas.
Además de ayudar al desarrollo de la industria nacional, el mercado único también beneficia a las economías abiertas como la irlandesa, ya que permite a las empresas multinacionales extranjeras instalarse aquí y seguir teniendo pleno acceso a los mercados de los demás Estados miembros.
La agricultura es un sector importante de la economía irlandesa, por lo que la Política Agrícola Común (PAC) es una política comunitaria significativa para Irlanda. El objetivo de la PAC es garantizar que los agricultores reciban un precio justo por sus productos a cambio de asegurar que éstos cumplen con las estrictas normas de calidad, higiene y seguridad establecidas por la UE.
Directiva de empleo de la ue
La estrategia política europea ha pasado de mantener un equilibrio entre la expansión de las fuerzas del mercado y la política de desarrollo social a una actitud que defiende la insistencia neoliberal en la desregulación y el fortalecimiento de los mercados. Este cambio ha tenido consecuencias negativas para el empleo y la política laboral. No se ha abordado adecuadamente la relación entre el consumo y la seguridad del empleo, y no se han determinado las implicaciones del riesgo y la incertidumbre para la distribución de los ingresos. Tampoco se ha respondido a las consecuencias de la migración masiva tras la admisión de nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental.
El proyecto europeo siempre ha sido principalmente un proyecto de mercado, poco interesado en la política social. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la Unión Europea y de sus predecesores, ha habido compromisos, a menudo creativos, entre los mercados y la política social, o al menos un respeto mutuo de las diferentes esferas de competencia (Scharpf 1999). Sin embargo, recientemente la UE se ha convertido en una fuerza más agresiva de creación de mercados, atacando ámbitos de la política social que antes se entendían como ajenos a esa estrategia.
Políticas de la unión europea
La mayoría de estos principios están regulados por el acervo de la UE y el resto son objetivos concretos que abordan los efectos de la futura evolución social, económica y tecnológica. El Plan de Acción también propone objetivos principales que la UE debe alcanzar para 2030. Se trata de garantizar que al menos el 78% de la población de entre 20 y 64 años tenga un empleo, que al menos el 60% de todos los adultos participen en la formación cada año y que se reduzca en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
La aplicación del pilar es una responsabilidad conjunta de las instituciones de la UE, las administraciones nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil. El Marco Financiero Plurianual 2021-2027, NextGenerationEU y el FSE+ se utilizarán para apoyar reformas e inversiones.