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Maria jesus montero consejera hacienda
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Montero ha explicado que, en caso de que el tribunal falle a favor de los prestatarios, el Gobierno central ofrecerá ayuda a las administraciones autonómicas, pedirá a Bruselas que tenga en cuenta esa ayuda para evitar un impacto directo en el déficit y solicitará al sector bancario que cubra el importe pendiente.
La ministra también ha explicado que la Agencia Tributaria española va a poner en marcha una herramienta para facilitar la devolución del impuesto sobre la renta cobrado por las prestaciones de maternidad, una práctica contra la que se han pronunciado los tribunales, y que va a devolver a los contribuyentes entre 1.100 y 1.200 millones de euros en función del número de reclamaciones, correspondientes a las declaraciones de impuestos de los últimos cuatro años.
En cuanto a los presupuestos, Montero ha dicho que ha pedido al resto de fuerzas políticas del país «diálogo sin prejuicios» para llegar a acuerdos que permitan que «la economía esté realmente al servicio de la gente». La ministra ha dicho en el foro que no hay «absolutamente» ninguna posibilidad de que los Presupuestos de 2018 del anterior Gobierno sigan vigentes y que está avanzando en la negociación del proyecto de Presupuestos de 2019, ya pactado con Unidos Podemos. Está buscando el apoyo del partido vasco PNV, así como el de los partidos separatistas catalanes ERC y PDeCAT, que han insistido en que no apoyarán los presupuestos en protesta por el encarcelamiento de sus dirigentes.
Aphisak tantiworawong y uttama sawanayana
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha enviado este miércoles una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le pide que respete la Constitución y no avance en las negociaciones con la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para homogeneizar los impuestos en todo el territorio nacional y subir de facto los tributos en Madrid.
Lasquetty advierte a la ministra de que si avanza por ese camino, la Comunidad presentará un requerimiento de incompetencia y, en última instancia, planteará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
«El anuncio de crear una ‘comisión bilateral Gobierno-CER’ para adoptar decisiones sobre los tributos de la Comunidad de Madrid no sólo es un flagrante desprecio a los madrileños, sino que no tiene ningún precedente y, desde luego, no tiene cabida en el ordenamiento constitucional (…) No podemos admitir que los tributos que van a pagar los madrileños se decidan en un lugar distinto a la Asamblea de Madrid», señalan.
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En instituciones como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Montero trabajó posteriormente como administradora de hospitales, ocupando diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su carrera, principalmente vinculados a la especialización de la gestión sanitaria[3].
Entre septiembre de 2002 y abril de 2004 Montero ocupó el cargo de viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, tras lo cual fue nombrada titular de la Consejería de Salud, responsabilidad que desempeñó hasta mayo de 2012, fecha a partir de la cual asumió la cartera de Sanidad y Bienestar Social[5].
Durante el mandato de Montero al frente de la Consejería de Salud se regularon nuevos derechos sanitarios, como la segunda opinión médica, el acceso al diagnóstico genético preimplantacional, el consejo genético o la muerte digna[6] También bajo su dirección, Andalucía desafió la prohibición de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles en 2012, impuesta por el Gobierno central como parte de los recortes de gasto para evitar un rescate internacional en medio de la crisis de la deuda europea[7].
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