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Ley de segunda oportunidad en españa
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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre el Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social que busca facilitar el endeudamiento de la economía española, al tiempo que extiende la protección a los colectivos más vulnerables por la crisis. Así, establece una segunda oportunidad concursal para los deudores de buena fe con cargas que incluye, por primera vez, a las personas físicas. Además, se amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a los excluidos de las cláusulas suelo de las hipotecas y se prolonga dos años más la suspensión de los desahucios que vencía el próximo mes de mayo.
El objetivo de la segunda oportunidad es conciliar los intereses de acreedores y deudores mediante procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada. El Gobierno ya había tomado medidas para reducir el sobreendeudamiento de las empresas y facilitar la supervivencia de las que eran viables. Con este Real Decreto-Ley, estas medidas se refuerzan y amplían para incluir a las personas físicas y dar mayores facilidades a las empresas de menor tamaño. Se desarrolla así un marco permanente de insolvencia de las personas, en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales y de la Unión Europea.
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Cuando una empresa entra en concurso de acreedores, quiebra o como se llame este proceso en cada país, la empresa se extingue. Y con la empresa se extingue también el pasivo, las deudas. Pero, ¿qué ocurre con las personas físicas? Un juez no puede extinguir a las personas físicas con una resolución judicial. Pero sí puede extinguir sus deudas, su pasivo insatisfecho. Existe realmente una segunda oportunidad para las personas físicas, para los empresarios individuales, para los autónomos, para los «autonómos»?
En 2015, cuando parecía que el crecimiento económico empezaba a consolidarse, se promulgó la ley de segunda oportunidad. Esta Ley se centraba en permitir que las personas con fracaso económico tuvieran la posibilidad de reconducir su vida personal y profesional. El legislador pretendía fomentar nuevas actividades económicas, tras un fracaso económico empresarial o personal.
Sin embargo, el deudor individual debe cumplir un requisito subjetivo, vinculado a la buena fe del deudor. En concreto, se considera que el deudor tiene buena fe cuando cumple los siguientes requisitos:
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La Ley de 17 de diciembre de 2021 ha prorrogado las medidas transitorias previstas en la Ley de 23 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. En la práctica, las empresas radicadas en Luxemburgo pueden tener un consejo virtual…
En el asunto Re Fowlds [2021] EWHC 2149 (Ch), el Tribunal Superior confirmó que la decisión del Tribunal de Insolvencia y Sociedades (Bucknall & Otro c. Wilson (Re Fowlds) [2020] EWHC 1200 (Ch)) de no conceder una reparación con respecto a una reclamación de preferencia …
La decisión en R. (on the application of Palmer) v Northern Derbyshire Magistrates’ Court ha confirmado que un administrador puede ser procesado y potencialmente incurrir en responsabilidad personal por una falta de notificación al Servicio de Insolvencia …
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Esto no se aplica a las empresas que no pueden pagar sus deudas por insolvencia, pero los particulares pueden tener una segunda oportunidad, que les permite cancelar todas sus deudas y empezar de nuevo aunque no hayan pagado todo lo que deben, gracias a la llamada ley de segunda oportunidad (RDL Ley 1/2015).
En estos tiempos inciertos y económicamente difíciles, es muy importante que se conozca esta posibilidad, ya que en algunos casos, puede ser posible cancelar todas las deudas aunque no se hayan pagado en su totalidad. Este mecanismo de segunda oportunidad contempla dos procedimientos o fases:
Para cancelar las deudas, el deudor debe haber intentado, al menos, llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, que puede consistir en una quita (o reducción de las deudas) o en una prórroga (es decir, aumento del plazo de pago).
Este acuerdo debe realizarse de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos por la ley. Aunque no se haya llegado a un acuerdo, intentarlo es fundamental para que el deudor pueda solicitar la posterior cancelación de las deudas impagadas. Si no hay posibilidad de acuerdo, se inicia la segunda fase:
