Delitos de odio codigo penal español

Código penal italiano

España comunica periódicamente a la OIDDH datos sobre delitos de odio. El Código Penal español contiene disposiciones generales sobre el aumento de las penas y los delitos de fondo. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior recoge datos de delitos de odio de la Policía Autonómica de Cataluña, la Policía Autonómica Vasca, la Policía de Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. España publica informes anuales sobre los delitos de odio.

En 2020, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior realizó una encuesta de victimización por delitos de odio (18 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021). El objetivo de esta investigación era recoger los conocimientos y sentimientos de las víctimas de un delito de odio. Más de 700 participantes respondieron a este cuestionario, pero sólo utilizamos los datos de unos 400 participantes para hacer un informe estadístico porque estas personas habían sido víctimas de un delito de odio en los últimos cinco años. Esta selección se aplicó para garantizar una visión más actualizada de este fenómeno social. Gracias a ello, las posibles medidas que se pudieran aplicar se adaptarían más fácilmente para reducir su victimización. Algunas de las preguntas más importantes que se hicieron en la encuesta fueron ¿Cree que las medidas que se han adoptado hasta ahora en España para combatir los delitos de odio son adecuadas? ¿Cuál es su percepción de los delitos de odio en los últimos cinco años? ¿Evita algunos lugares para evitar ser víctima? Además, también se les preguntó si denunciaron el delito cuando se produjo, cómo fue el trato policial y, muy importante, por qué no denunciaron el delito a las autoridades (si no lo hicieron). Los miembros de la ONDOD consideran que este estudio podría ayudar a abordar esta lacra social con mayor eficacia.

Ley del código penal

España, Fiscalía General del Estado (2019), Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP. 510 CP), Madrid, Ministerio de Justicia

España, Fiscalía General del Estado (2019), Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal (Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP), Madrid, Ministerio de Justicia

La Circular Informativa persigue la fijación de pautas interpretativas de las distintas figuras delictivas englobadas en el artículo 510 del Código Penal (CP) tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que entró en vigor en julio de 2015. No ha supuesto la inclusión de una única categoría de delitos de odio, y se pueden encontrar expresiones de la misma diseminadas por el CP. Conlleva dificultades interpretativas respecto a otras modalidades penales relacionadas con esta materia. Existe una controversia doctrinal y jurisprudencial. Los delitos contenidos en el artículo 510 CP siguen presentando unos contornos difusos que dificultan su detección y que, quizás, no permiten las conductas que presenta la «intolerancia excluyente», tal y como afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 177/2015, de 22 de julio.

Código penal pdf

Un delito de odio (también conocido como delito motivado por prejuicios o delito por prejuicios)[1] es un delito motivado por prejuicios que se produce cuando el autor se dirige a una víctima por su pertenencia (o percepción de pertenencia) a un determinado grupo social o demográfico racial.

Los ejemplos de estos grupos pueden incluir, y se limitan casi exclusivamente a la etnia, la discapacidad, el idioma, la nacionalidad, la apariencia física, la religión, la identidad de género o la orientación sexual[2][3][4] Las acciones no delictivas motivadas por estos motivos suelen denominarse «incidentes por prejuicios».

Los «delitos de odio» se refieren generalmente a los actos delictivos que se consideran motivados por prejuicios contra uno o más de los grupos sociales enumerados anteriormente, o por prejuicios contra sus derivados. Los incidentes pueden consistir en agresiones físicas, homicidios, daños a la propiedad, intimidación, acoso, abusos verbales (que incluyen calumnias) o insultos, delitos de pareja o pintadas o cartas ofensivas (correo del odio)[5].

Una ley de delitos de odio es una ley destinada a disuadir la violencia motivada por prejuicios[6] Las leyes de delitos de odio son distintas de las leyes contra la incitación al odio: las leyes de delitos de odio aumentan las penas asociadas a conductas que ya son delictivas en virtud de otras leyes, mientras que las leyes de incitación al odio penalizan una categoría de discurso.

Código penal español de 1889

¿Cuántos delitos de odio se producen? ¿Quiénes son las personas más afectadas? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la respuesta de la policía? ¿Se están investigando y persiguiendo los casos? ¿Aplican los tribunales las leyes sobre delitos de odio? ¿Las víctimas tienen acceso a la seguridad, la justicia y el apoyo que necesitan?

Aunque los datos «oficiales» sobre los delitos por odio, normalmente proporcionados por los informes policiales, son la fuente más citada para responder a estas preguntas, sólo cuentan una pequeña parte de esta compleja historia. Entender lo que ocurre con los casos cuando se investigan, se procesan y se sentencian requiere un enfoque compartido con la cooperación de todos los organismos gubernamentales y ministerios con responsabilidades en esta área, sin embargo, a menudo no existen los mecanismos y las asociaciones necesarias. Los informes y la información recopilada por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden ser piezas fundamentales del rompecabezas, pero la conexión entre las autoridades públicas y la sociedad civil es aún más limitada.

El proyecto Facing all the Facts utilizó métodos de talleres interactivos, entrevistas en profundidad, diseño gráfico e investigación documental para comprender y evaluar los marcos y las acciones que apoyan la denuncia, el registro y la recopilación de datos de los delitos de odio en un «sistema» de autoridades públicas y OSC[2] Los investigadores adoptaron una metodología de investigación participativa y trabajaron directamente con aquellos que están en el centro de los esfuerzos nacionales para mejorar la denuncia, el registro y la recopilación de datos de los delitos de odio para explorar la hipótesis de que unas relaciones más sólidas conducen a mejores datos e información sobre los delitos de odio y, por lo tanto, a mejores resultados para las víctimas y las OSC.