Agencia europea de proteccion de datos

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El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) es una autoridad de control independiente cuyo objetivo principal es vigilar y garantizar que las instituciones y organismos europeos respeten el derecho a la intimidad y a la protección de datos cuando traten datos personales y desarrollen nuevas políticas[1].

Wojciech Wiewiórowski ha sido nombrado Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) por decisión conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo[2] Nombrado por un mandato de cinco años, tomó posesión de su cargo el 6 de diciembre de 2019.

El Reglamento (UE) 2018/1725[3] describe las funciones y competencias del Supervisor Europeo de Protección de Datos (capítulo VI), así como la independencia institucional del SEPD como autoridad de control. También establece las normas de protección de datos en las instituciones de la UE.

Las funciones y competencias del SEPD, así como la independencia institucional de la autoridad de control, se establecen en el «Reglamento de Protección de Datos»[4] En la práctica, las actividades del SEPD pueden dividirse en tres funciones principales: supervisión, consulta y cooperación.

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Para 2021-2022, hemos identificado seis tendencias tecnológicas: Certificados de Vacunación Inteligente, Datos Sintéticos, Moneda Digital del Banco Central, Tecnología Just Walk Out, Autenticación Biométrica Continua, Terapéutica Digital (DTx).

Participación de Wojciech Wiewiórowski en el debate sobre los límites de la privacidad en el contexto del Reglamento General de Protección de Datos, Administración Nacional de Tribunales de la República de Lituania (a través de una conexión de vídeo), Bruselas, Bélgica

Como parte de nuestras tareas más amplias de vigilancia tecnológica, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) publica periódicamente sus informes TechDispatch con el fin de explicar las novedades tecnológicas.

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El Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (RGPD) es un reglamento de la legislación de la UE sobre protección de datos y privacidad en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE). También aborda la transferencia de datos personales fuera de la UE y de las zonas del EEE. El objetivo principal del RGPD es mejorar el control y los derechos de las personas sobre sus datos personales y simplificar el entorno normativo para las empresas internacionales[1] El reglamento, que sustituye a la Directiva de Protección de Datos 95/46/CE, contiene disposiciones y requisitos relacionados con el tratamiento de los datos personales de las personas (denominadas formalmente sujetos de datos en el RGPD) que se encuentran en el EEE, y se aplica a cualquier empresa -independientemente de su ubicación y de la ciudadanía o residencia de los sujetos de datos- que procese la información personal de las personas dentro del EEE.

El RGPD se adoptó el 14 de abril de 2016 y entró en vigor a partir del 25 de mayo de 2018. Como el RGPD es un reglamento, no una directiva, es directamente vinculante y aplicable, pero ofrece flexibilidad para que los Estados miembros ajusten determinados aspectos del reglamento.

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El paquete de protección de datos adoptado en mayo de 2016 tiene como objetivo hacer que Europa se adapte a la era digital. Más del 90% de los europeos dicen que quieren los mismos derechos de protección de datos en toda la UE e independientemente de dónde se procesen sus datos.

Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Este texto incluye la corrección de errores publicada en el DOUE de 23 de mayo de 2018.

El reglamento es un paso esencial para reforzar los derechos fundamentales de las personas en la era digital y facilitar los negocios al aclarar las normas para las empresas y los organismos públicos en el mercado único digital. Una ley única también acabará con la actual fragmentación en diferentes sistemas nacionales y con las cargas administrativas innecesarias.

Directiva (UE) 2016/680 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales relacionados con infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de estos datos.