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En julio de 2018, el Partido Verde Europeo publicó un informe revelador que identificaba los costes de la corrupción en toda la UE. En España, los costes de la corrupción ascienden a 90.000 millones de euros anuales, es decir, el 8% del PIB, según el informe. Las encuestas de opinión pública indican que la corrupción es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos españoles, el 94% de los cuales cree que el problema está muy extendido.
En este artículo, analizamos tres casos de corrupción destacados como los más graves en un artículo de mayo de 2018 en el diario español El País, debido a una combinación de grado de sofisticación, cantidad de fondos defraudados y perfil público de los co-conspiradores. Concluimos evaluando la idoneidad de los esfuerzos de las autoridades españolas en la lucha contra la corrupción, y el impacto de la actual inestabilidad política en la percepción de la gobernanza y la corrupción en España.
La investigación comenzó en 2013, cuando los fiscales suizos alertaron a sus homólogos españoles de que estaban investigando a Granados y Marjaliza por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Las escuchas telefónicas revelaron una red de tráfico de influencias: funcionarios de la Administración adjudicaban contratos públicos a diversos empresarios a cambio de sobornos que suponían entre el 2% y el 3% del valor del contrato.
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El fiscal pide una condena de entre cuatro y seis años por presunta malversación, delitos de insolvencia y prácticas empresariales corruptas, y otros tres años por presunta falsificación de documentos.
El fiscal afirma que Rato presuntamente defraudó 8,5 millones de euros a las arcas públicas españolas utilizando cuentas en paraísos fiscales y afirma que encontró incrementos irregulares en su patrimonio personal por valor de 15,6 millones de euros entre 2005 y 2015.
Además, la fiscalía alega que Rato ocultó capitales al fisco español utilizando una «multitud» de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco que se remontan a 1999.
El fiscal dijo que los documentos incautados en un allanamiento de la propiedad de Rato en 2015 mostraron que también tenía cuentas en Estados Unidos y Suiza no conocidas previamente por las autoridades españolas y que había operado a través de cuentas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curazao.
Los fiscales acusaron a Rato, de 72 años, de omitir «cualquier referencia» a una serie de cuentas en paraísos fiscales cuando se le concedió una amnistía fiscal en 2012. Rato se incorporó al FMI como director gerente después de haber sido vicepresidente y ministro de Economía de España con el antiguo gobierno conservador del Partido Popular.
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Manuel Chaves es visto el 28 de octubre de 2010. (Irekia / Flickr)Manuel Chaves, ex miembro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, fue el ex presidente de la región de Andalucía antes de que José Antonio Gruinan le sucediera en 2009. Ambos fueron detenidos en 2013.
ERE es un acrónimo en español de plan de despido de personal. Los gobiernos de Chaves y Gruinan debían supervisar el gasto de 752 millones para ayudar a los desempleados y a las empresas en dificultades. En su lugar, los fondos se desviaron a individuos y empresas cercanas al partido político, informó The Guardian.
El PSOE se ha apresurado a distanciarse de sus miembros deshonrados, emitiendo un comunicado en el que afirma que respeta las decisiones del tribunal y que los resultados no afectan al gobierno actual ni a su labor.
«El problema de la corrupción es lamentable, rechazable y debe ser eliminado de la vida política, pero lo importante no es cómo asistimos a hechos de este carácter lamentable sino cómo reaccionamos ante ellos», dijo José Luiz Albalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento.
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Transparencia Internacional calificó a España entre 2001 y 2012. El valor medio de España durante ese periodo fue de 66,67 puntos con un máximo de 70 puntos en 2001 y un mínimo de 61 puntos en 2009 y (100 es ausencia de corrupción)[3] En 2011 fue calificado como el 30º país menos corrupto del mundo[4] Recientemente la percepción empeoró, a partir del Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el país se sitúa en el puesto 42 de 180 países. [5] Lo que sitúa a España con un índice de corrupción similar al de Chipre o la República Checa[6] Según Politico, 1378 funcionarios fueron procesados por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016[7].
