Ley de financiación de partidos políticos

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Teniendo en cuenta el papel esencial de los partidos políticos dentro de la democracia y considerando que la libertad de asociación, incluida la de asociación política, es una libertad fundamental protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y es una de las piedras angulares de una auténtica democracia, como la que contempla el Estatuto del Consejo de Europa;

1 A los efectos de estas directrices, un partido político es una asociación de personas que tiene como objetivo participar en la gestión de los asuntos públicos mediante la presentación de candidatos a elecciones libres y democráticas.

4 Sin embargo, para garantizar la igualdad de oportunidades de las distintas fuerzas políticas, la financiación pública podría extenderse también a los organismos políticos que representen a una parte significativa del cuerpo electoral y presenten candidatos a las elecciones. El nivel de financiación podría ser fijado por el legislador de forma periódica, según criterios objetivos.

5 La financiación de los partidos políticos a través de fondos públicos debería estar condicionada a que las cuentas de los partidos políticos estén sometidas al control de órganos públicos específicos (por ejemplo, de un Tribunal de Cuentas). Los Estados promoverán una política de transparencia financiera de los partidos políticos que se beneficien de la financiación pública.

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Los partidos políticos pueden recibir dinero de organizaciones, empresas, donantes individuales y grupos de interés especial, como los sindicatos. Estos grupos pueden ofrecer dinero o regalos al partido o a sus principales miembros como incentivos. Cuando esto ocurre con el objetivo de influir en la postura o las acciones políticas del partido, se denomina lobby.

Desde la segunda mitad del siglo XX, los partidos que suelen depender de las donaciones o de las cuotas de sus miembros se enfrentan a crecientes problemas. El mayor control de las donaciones y el descenso a largo plazo de la afiliación a los partidos en la mayoría de las democracias occidentales están ejerciendo una mayor presión sobre la financiación. Por ejemplo, en el Reino Unido y Australia, el número de miembros de los dos principales partidos en 2006 era menos de una octava parte de lo que era en 1950, a pesar del importante aumento de la población en el mismo periodo[3].

A caballo entre la financiación política personal y la pública, un programa de financiación pública de EE.UU. permite a los contribuyentes destinar 3 dólares de su impuesto federal sobre la renta a financiar los gastos cualificados de los candidatos presidenciales que reúnan los requisitos necesarios[4]. Más que una contribución, la pequeña donación individual constituye una redirección del impuesto sobre la renta adeudado sin que los contribuyentes realicen un desembolso directo adicional.

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La Ley nº 123/2014, aprobada por el Parlamento el 8 de noviembre de 2014, contiene tres modificaciones clave de la Ley de Financiación de Actividades Políticas. En primer lugar, permite a los partidos políticos utilizar los fondos asignados para el trabajo político regular para financiar las campañas electorales (modificando el artículo 19). En segundo lugar, permite a los partidos políticos utilizar fondos recibidos de fuentes públicas para comprar bienes inmuebles (modificando el artículo 11). En tercer lugar, declara una reducción del 30% en el importe global de la financiación presupuestaria de los partidos políticos, que pasa del 0,15% al 0,105% de los ingresos presupuestarios (modificando el artículo 16).

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Esta serie incluye estudios internacionales y revisiones específicas de cada país sobre los esfuerzos de los gobiernos para hacer que el sector público sea más eficiente, eficaz, innovador y responda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Las publicaciones de esta serie examinan temas como el gobierno abierto, la prevención de la corrupción y el fomento de la integridad en la administración pública, la gestión de riesgos, el comercio ilícito, las entidades fiscalizadoras y la reforma de la función pública. Los exámenes específicos de cada país evalúan la capacidad de una administración pública para alcanzar los objetivos del gobierno y su preparación para afrontar los retos actuales y futuros. Al analizar el funcionamiento de la administración pública de un país, los exámenes se centran en la cooperación interdepartamental, las relaciones entre los niveles de gobierno y con los ciudadanos y las empresas, la innovación y la calidad de los servicios públicos, y el impacto de la tecnología de la información en el trabajo del gobierno y su interacción con las empresas y los ciudadanos.

El reciente debate sobre el papel del dinero en la política ha arrojado luz sobre los retos de la normativa sobre financiación política. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales? ¿Por qué los modelos de regulación existentes siguen siendo insuficientes para hacer frente a esos riesgos? ¿Cuáles son los vínculos entre el dinero en la política y los marcos más amplios de integridad en el sector público? Este informe aborda estas tres cuestiones y proporciona un Marco sobre la Financiación de la Democracia, diseñado para dar forma al debate global y proporcionar opciones políticas, así como una cartografía de los riesgos. También presenta estudios de caso de Canadá, Chile, Estonia, Francia, Corea, México, Reino Unido, Brasil e India, que ofrecen un análisis en profundidad de sus mecanismos de financiación política y de los retos que plantean en diferentes entornos institucionales.